Gobierno crean un fondo que garantiza terminar Punta Catalina.

Martín Polanco |Tomado de El Caribe

El vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, y el administrador general de Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder, informaron que el Gobierno acordó con el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella garantizar los recursos para terminar la planta.

Gobierno contrató oficinas de abogados de Washington y Nueva York para defenderse frente a pedido de consorcio

El Gobierno dominicano estableció un acuerdo con el Consorcio Odebrech-Tecnimont-Estrella que crea un fondo contingente y garantiza el flujo de recursos para la terminación y puesta en operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), independientemente del tiempo y los resultados del arbitraje que se lleva fuera del país, por un reclamo de pago de recursos adicionales.

El consorcio está reclamando desde agosto del año 2017 unos US$708 millones, adicionales a los US$1,945 millones de valor contractual de la obra. El pedido del constructor (que son las tres empresas en conjunto) se sustenta en dos puntos globales. El primero es que hay aspectos relacionados con el cronograma de construcción y una posible extensión de plazos de terminación de la obra, por la suma de US$542.6 millones. Y segundo, que hay modificaciones incurridas en el proyecto por situaciones surgidas en el proceso que no fueron contempladas previamente, por la suma de US$165.6 millones.

Para defender la posición oficial, el Gobierno contrató a una de las oficinas de abogados más prestigiosas de Washington y Nueva York en ese tipo de litigios, que es la firma Foley Hoag LLP, con más de 75 años de experiencia, según informaron en una rueda de prensa el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, y el administrador general de Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder.

En la actividad, efectuada en el lugar donde se levantan las dos plantas a carbón en Baní, y luego de un amplio recorrido por la obra, tanto Jiménez Bichara como Aristy Escuder ratificaron que el Gobierno no pagará un centavo más sobre el valor contractual de la obra. Sin embargo, para evitar que ese proceso implique la paralización de los trabajos, las partes en disputa acordaron crear un fondo contingente por US$336 millones, que servirá para terminar la obra. Esos recursos serán reembolsados para cualquiera de las dos partes tomando como base la sentencia que surja del tribunal de arbitraje. Eso es, tomando en cuenta quién gane o quién pierda el proceso.

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas a los periodistas, el fondo contingente se divide en dos partes: una partida de US$136 millones, correspondiente a saldo pendiente de amortización, y otra de US$200 millones que serán transferidos a una cuenta Escrow (de garantía) cuyos desembolsos se harán en la forma en que se cumpla el cronograma de entrega de la planta generadora.

El fondo es creado con recursos del Estado, garantizados plenamente con activos y otros tipos de garantías del consorcio, según explicó Aristy Escuder.

Curso de las labores

Los trabajos –en general- en Punta Catalina están avanzados en un 95% en promedio, pero hay una de las dos unidades que está prácticamente lista y en etapa de comisionamiento, es decir, de prueba de los equipos. Pronto se estaría pasando a una etapa de sincronización.

Una obra como la descrita se compone de tres partes, que son: ingeniería, procura y construcción. A menudo hay una o varias prtes más avanzadas que las otras. Jiménez Bichara y Aristy Escuder dejaron claro que “el acuerdo marco para la continuación y finalización del proyecto Central Termoeléctrica con motivo de disputa” no implica el reconocimiento del reclamo que por US$708 millones mantiene el consorcio como necesidad adicional a los US$1,945 millones de valor contractual de la obra.

“El Gobierno dominicano mantiene su posición de no aceptar el pago de un centavo más sobre el valor contractual de esta planta eléctrica de 752 megavatios brutos. Lo que hemos hecho es identificar una partida económica que impida la paralización de la obra y que debe ser compensada para una u otra parte con base en una decisión judicial”, agregó Aristy Escuder.

Dijo que los términos en que se firmó el acuerdo dejan claramente establecido esto: “que el Fondo Contingente no altera ni modifica de manera alguna el precio definitivo del contrato de EPC (Ingeniería, procura y construcción), que es de US$1,945 millones, y nada de lo establecido en el acuerdo y documentación relacionada podrá interpretarse en sentido contrario o ser utilizado como precedente, cualquiera fuere su naturaleza, en relación o con respecto a la disputa pendiente o arbitraje”.

Cada uno de los desembolsos se realizará siempre contra ejecución de la obra y será auditado mensualmente por una firma auditora de reputación internacional. Es decir, se entregarán los pagos a medida que se vaya finalizando la obra, estableciendo además penalizaciones adicionales en caso de atraso en la fecha de entrega de cada una de las unidades.

El acuerdo permitirá que la primera unidad de generación comience a operar mediante su sincronización a finales de 2018 y la segunda unidad en febrero de 2019. En caso de que no se cumplan las fechas acordadas, se establecen penalidades adicionales de 220 mil dólares por cada día de atraso, suma que será pagada por el Consorcio constructor al Gobierno.

¿Al final quién pagará?

En caso de que la sentencia le conceda la razón al consorcio, entonces los fondos en cuestión (los US$336 millones), correrán por cuenta del Estado, mientras que si la decisión judicial es favorable a la CDEEE, entonces el consorcio deberá reponer esos recursos al Gobierno en un plazo no mayor de 45 días. Las partes decidieron ir a un arbitraje internacional luego de agotar un proceso en el que no llegaron a ningún entendimiento.

Pero para evitar que el proceso afecte el curso de la obra, el presidente Danilo Medina designó una comisión de funciinarios para que identificaran una salida que evitara la paralización de la obra y que a su vez no comprometa el patrimonio del Estado ni reconozca un aumento en el valor contractual de la obra energética que se levanta en la provincia Peravia. En el caso eventual de que el juicio arbitral determinara favorecer al consorcio por el monto total que reclama, entonces el Estado tendría que pagar cualquier diferencia respecto al monto que determine la decisión judicial.

En cambio, si el arbitraje emite una sentencia a favor del Estado, entonces el consorcio tendrá que devolverle al Gobierno los US$336 millones que se están poniendo a disposición para la terminación de la obra, pues son recursos adicionales al valor contractual, o cualquier diferencia respecto al monto que determine la decisión judicial.

Para asegurar el cumplimiento fiel de ese compromiso, el Consorcio Odebrech-Tecnimont-Estrella ha firmado una garantía económica como constancia de que cuenta con la capacidad de reembolsar esos fondos en caso de que el Estado resulte beneficiado en el arbitraje.

“La firma que hemos contratado trabajo en la conformación de un caso que sea sólido y bien documentado”, dijo Escuder. “Y la segunda línea de acción que tenemos es la culminación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Es un compromiso que estamos decididos a cumplir en el plazo más breve posible. La central suplirá el 35% de la demanda de electricidad de este país. Una sola de las dos unidades que tenemos acá es más grande que la planta de generación más grande que existe en el país”, apuntó.