Instituto Duartiano somete a la justicia a Álvaro Arvelo hijo por imputaciones a figura de Duarte
SANTO DOMINGO. El Instituto Duartiano informó este lunes que sometió a la acción de la justicia al comunicador Álvaro Arturo Arvelo Aybar (Alvarito), “por incurrir en la comisión de infracciones graves al hacer imputaciones que atacan de manera grosera la buena fama de la digna figura, la imagen, memoria y el honor del padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte, en ocasión de intervenir en la realización del programa denominado “El Gobierno de la mañana”, el cual que se difunde por la radioemisora Z-101”.
“El señor Arvelo Aybar, profana el nombre del patricio y se abalanza contra su obra y su buen ejemplo, recurriendo a la vulgaridad y al empleo de un lenguaje soez, impropio de quien hace uso de un medio de comunicación social que, como la radio, está revestido de un especial interés social y tiene como función contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, a la forma de convivencia humana pacífica, el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana, los vínculos familiares y exaltar los valores de la nacionalidad dominicana”, establece un documento difundo por el Instituto Duartiano.
La institución, dijo asimismo, que “deplora la bochornosa difusión que hiciera el referido comunicador contra quien, como Juan Pablo Duarte, tiene el reconocimiento del concierto de las naciones y los estados de todo el mundo, así como la más elevada acreditación de los historiadores, escritores y figuras de la vida dominicana de reconocida e irreprochable capacidad y honestidad profesional, quienes ven en la figura de Duarte al forjador de patria, fundador de la República, tributándolo por ser titular de la más acabada conducta pública que hombre alguno haya exhibido en la República Dominicana”.
Expresa la entidad, que la Constitución dominicana establece en la parte capital de su artículo 75 lo siguiente: “Los derechos fundamentales reconocidos por esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta moral del hombre y la mujer en sociedad”.
“El señor Arvelo Aybar, profana el nombre del patricio y se abalanza contra su obra y su buen ejemplo, recurriendo a la vulgaridad y al empleo de un lenguaje soez, impropio de quien hace uso de un medio de comunicación social que, como la radio, está revestido de un especial interés social y tiene como función contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, a la forma de convivencia humana pacífica, el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana, los vínculos familiares y exaltar los valores de la nacionalidad dominicana”, establece un documento difundo por el Instituto Duartiano.
La institución, dijo asimismo, que “deplora la bochornosa difusión que hiciera el referido comunicador contra quien, como Juan Pablo Duarte, tiene el reconocimiento del concierto de las naciones y los estados de todo el mundo, así como la más elevada acreditación de los historiadores, escritores y figuras de la vida dominicana de reconocida e irreprochable capacidad y honestidad profesional, quienes ven en la figura de Duarte al forjador de patria, fundador de la República, tributándolo por ser titular de la más acabada conducta pública que hombre alguno haya exhibido en la República Dominicana”.
Expresa la entidad, que la Constitución dominicana establece en la parte capital de su artículo 75 lo siguiente: “Los derechos fundamentales reconocidos por esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta moral del hombre y la mujer en sociedad”.
El comunicador Álvaro Arvelo hijo hizo imputaciones sobre Duarte en el programa “El gobierno de la mañana”.
Por su parte, el artículo 6 de la Ley núm. 127-01, sobre el Instituto Duartiano, consigna que toda persona que atente contra la respetabilidad, la honra y el buen nombre del padre de la patria y fundador de la república, Juan Pablo Duarte, incurre en violación a esta disposición legal.
En el artículo 7 de la referida Ley núm. 127-01, precisa que su violación será sancionada con la pena de seis (6) días a un (1) mes de prisión y multa del ochenta por ciento (80%) de salario mínimo del sector público a dos (2) salarios mínimos, o ambas penas a la vez.
El Instituto Duartiano también recurre al artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98, de fecha 27 de mayo de 1998, que expresa: “Se prohíbe el uso de las telecomunicaciones contrario a las leyes o que tenga por objeto cometer delitos o entorpecer la acción de la justicia”.
En ese mismo orden, el artículo 84 del citado Reglamento de Espectáculos Públicos y Radiofonía dice: “Queda prohibida toda transmisión que cause corrupción del lenguaje, que sea contraria a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes perversas, frases de dobles sentidos, apología del crimen o la violencia y todo aquello que sea denigrante para el culto de los héroes nacionales o para cualquier persona”.
Agrega que el artículo 130 del Reglamento de Espectáculos Públicos y Radiofonía precisa que las violaciones al presente reglamento serán sancionadas con prisión de quince (15) días a tres (3) meses y multa, o con ambas penas a la vez; en tanto que, el artículo 133 consigna que en caso de reincidencia se duplicará la pena.
“El Instituto Duartiano quiere precisar que la Ley 127-01, sobre la autonomía de este organismo patriótico, al igual que el reglamento para el funcionamiento de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, en sus artículos 131 y 8, respectivamente, otorgan competencia para conocer respecto de estas infracciones al Juzgado de Paz del lugar donde se comete la infracción, razón por la cual hemos orientado la presente actuación por ante el magistrado fiscalizador adscrito al Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, vía la autoridad más elevada del Ministerio Público, el Procurador General de la República; y ante la propia Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, para que sean tomadas sanciones ejemplarizantes en el caso de este execrable y bochornoso caso”.
En el documento, el Instituto Duartiano “cifra esperanza en el sentido de que tanto las autoridades del Ministerio Público, como las autoridades judiciales y el presidente de la Comisión de Espectáculos y Radiofonía harán las actuaciones que la sociedad espera en un caso como este, imponiendo al respecto las penas y medidas, de acuerdo con la gravedad del caso
En el artículo 7 de la referida Ley núm. 127-01, precisa que su violación será sancionada con la pena de seis (6) días a un (1) mes de prisión y multa del ochenta por ciento (80%) de salario mínimo del sector público a dos (2) salarios mínimos, o ambas penas a la vez.
El Instituto Duartiano también recurre al artículo 6 de la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98, de fecha 27 de mayo de 1998, que expresa: “Se prohíbe el uso de las telecomunicaciones contrario a las leyes o que tenga por objeto cometer delitos o entorpecer la acción de la justicia”.
En ese mismo orden, el artículo 84 del citado Reglamento de Espectáculos Públicos y Radiofonía dice: “Queda prohibida toda transmisión que cause corrupción del lenguaje, que sea contraria a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes perversas, frases de dobles sentidos, apología del crimen o la violencia y todo aquello que sea denigrante para el culto de los héroes nacionales o para cualquier persona”.
Agrega que el artículo 130 del Reglamento de Espectáculos Públicos y Radiofonía precisa que las violaciones al presente reglamento serán sancionadas con prisión de quince (15) días a tres (3) meses y multa, o con ambas penas a la vez; en tanto que, el artículo 133 consigna que en caso de reincidencia se duplicará la pena.
“El Instituto Duartiano quiere precisar que la Ley 127-01, sobre la autonomía de este organismo patriótico, al igual que el reglamento para el funcionamiento de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, en sus artículos 131 y 8, respectivamente, otorgan competencia para conocer respecto de estas infracciones al Juzgado de Paz del lugar donde se comete la infracción, razón por la cual hemos orientado la presente actuación por ante el magistrado fiscalizador adscrito al Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, vía la autoridad más elevada del Ministerio Público, el Procurador General de la República; y ante la propia Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, para que sean tomadas sanciones ejemplarizantes en el caso de este execrable y bochornoso caso”.
En el documento, el Instituto Duartiano “cifra esperanza en el sentido de que tanto las autoridades del Ministerio Público, como las autoridades judiciales y el presidente de la Comisión de Espectáculos y Radiofonía harán las actuaciones que la sociedad espera en un caso como este, imponiendo al respecto las penas y medidas, de acuerdo con la gravedad del caso
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